El medio natural que ocupan las áreas limítrofes entre Castilla-La Mancha y Extremadura es susceptible de sufrir incendios forestales con potencial expansión en sus territorios.
Ambas comunidades autónomas disponen de recursos de extinción de incendios forestales ubicados en estas áreas o próximos a ellas, y con capacidad de respuesta rápida y actuación en los límites administrativos entre ambas regiones, dispuestos con el objeto de atajar cualquier conato de incendio forestal en esas zonas donde la actuación conjunta y coordinada refuerza la capacidad de extinción precisamente en un espacio donde la orografía y los vientos hace que la evolución de un incendio forestal pueda afectar indistintamente a las dos comunidades autónomas.
Por este motivo, se ha visto necesaria la firma de un protocolo de colaboración, coordinación y cooperación entre ambas regiones para el desempeño de sus respectivas funciones y competencias relativas a la planificación, preparación y respuesta en materia de prevención y extinción de incendios forestales.
El 10 de marzo de 2025 los presidentes firman el Protocolo General de Actuación entre las comunidades autónomas de Extremadura y Castilla-La Mancha. Este acuerdo tiene como objetivo coordinar acciones conjuntas en situaciones de emergencia, como la gestión del 112 y la extinción de incendios.
El 5 de mayo de 2025, el Gobierno de Castilla-La Mancha rubrica un protocolo con Extremadura para mejorar la coordinación y la gestión de la extinción y prevención de incendios forestales, así como de otras emergencias, entre ambas comunidades.
El documento recoge, entre otros aspectos, la zona de actuación conjunta en los dos territorios, establece el mecanismo de información compartida durante las emergencias, el diseño de un Mando Unificado de Extinción o el despacho de medios acordes a la emergencia, entre otras funciones operativas, marcándose como objetivo establecer un sistema de colaboración, coordinación y cooperación entre la Comunidad de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Extremadura, en los relativo a la planificación, preparación y respuesta en materia de prevención y extinción de incendios forestales.
Con ello se resalta que, ante el actual contexto de emergencia climática, las administraciones tienen la obligación de implementar procedimientos que sean lo más eficaces para garantizar la seguridad de la ciudadanía y la protección de sus montes.
