Durante los primeros meses de mandato se trabajó en el borrador del Anteproyecto de Estatuto del Consumidor de Castilla-La Mancha, que debe constituir la guía de las políticas de consumo y defensa de la competencia. Así, se mantuvieron distintas reuniones de trabajo con las entidades representativas del sector y se convocaron reuniones tanto del Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha como el Consejo Regional de Consumo de Castilla-La Mancha.
Meses de intenso trabajo han permitido recopilar diversas propuestas e iniciativas que plasmar en el anteproyecto de Ley de los Derechos de las Personas Consumidoras. Este documento mejora las competencias en materia de consumo, actualizando así una normativa ya obsoleta y mejorando los sistemas de defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias. Fue presentado a las entidades interesadas, en la reunión del Consejo Regional de Consumo, celebrado en Toledo el día 14 de marzo de 2017, víspera del Día Internacional de los Derechos de los Consumidores, teniendo una acogida favorable del sector a las novedades que recoge esta nueva norma.
Posteriormente, en julio de 2018 el Consejo de Gobierno aprobaba el anteproyecto de ley sobre los derechos de las personas consumidoras y el 29 de noviembre de 2018 se adoptaba el acuerdo del Proyecto de Ley del Estatuto de Personas Consumidoras de Castilla-La Mancha, recogiendo las sugerencias del Consejo Consultivo. El texto aprobado se incardina dentro del ordenamiento jurídico español y de la Unión Europea con respeto a los derechos que en esas regulaciones se reconocen a las personas consumidoras, profundizando en la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en su defensa, e incidiendo en los derechos reconocidos, para su ejercicio de manera real y efectiva en el marco jurídico organizativo autonómico.
En mayo de 2018 se elevaba a consulta pública el Anteproyecto de Ley de Coordinación de Políticas de Consumo y Competencia. El objetivo de este Anteproyecto de Ley es posibilitar la acción conjunta de los poderes públicos, abordando un conjunto de medidas y acciones que, a la vez que defienden el principio de libre competencia, estén defendiendo y garantizando los derechos de las personas consumidoras y usuarias. Y, en sentido opuesto, abordar aquellas medidas de acción pública que, defendiendo los derechos de estas personas, consigan garantizar también el cumplimiento del principio de libre competencia.
Muy importante fue el trabajo realizado con las organizaciones de personas consumidoras y usuarias y el clima de entendimiento para que el texto normativo sea una realidad, dado que fueron dos años de reuniones, análisis, y de marcar objetivos que se deben cumplir con la nueva normativa propuesta.
El 21 de marzo de 2019, las Cortes aprueban, por unanimidad, la Ley de Derechos de las Personas Consumidoras de Castilla-La Mancha, con un texto que sitúa la defensa de los consumidores de la región a la vanguardia en todo el territorio nacional y siendo un referente a nivel europeo.
